Señalan a Puebla como estado restrictivo de la protesta social

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Informe de organizaciones civiles subraya la vigencia de las leyes Bala y Antigrafiti

Puebla es uno de los tres estados de la República que tiene leyes vigentes que restringen y criminalizan la protesta social, como la llamada Ley Bala, que cobró la vida de un menor, y la Ley Antigrafiti,  se indica en el informe “Control del espacio público 3.0”, del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.

El análisis, que se presentó este miércoles, cita que pese a que México firmó tratados internacionales, en el país se ha adoptado una tendencia basada en la restricción de la protesta social por la vía legislativa,pero también a través de los medios de comunicación y del discurso institucional.

Las restricciones por la vía legislativa se denominan restricciones directas, ya que explícitamente limitan el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la protesta.

En ese sentido tres estados de la República han aprobado leyes restrictivas – Distrito Federal, Puebla y Quintana Roo-, mientras que en otros cinco estados –Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz- se introdujeron iniciativas que atentan contra la libertad de expresión y reunión.

Ley Bala, vigente

En “Control del espacio público 3.0: Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno”, se habla de que las manifestaciones, desde las más pacíficas hasta las violentas, tienen un afán transformador, pues es una forma en que los ciudadanos llaman la atención para resolver problemas graves.

A pesar de esta situación, el 22 de mayo de 2014 el Congreso del estado aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, conocida como “Ley Bala”.

El riesgo de esta norma es que puede justificar un operativo policial, donde los agentes están facultados para “tomar medidas necesarias que salvaguarden derechos de terceros o el orden público”, así como el uso de armamento no letal.

Se interpusieron nueve amparos contra la ley, que fueron sobreseídos, así como un recurso de inconstitucionalidad que aún no se estudia en la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN).

Actos represivos

La Ley Bala se aplicó el 9 de julio de 2014 para desalojar a manifestantes de la autopista Puebla-Atlixco, donde los policías lanzaron latas de gas lacrimógeno contra los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, Atzompa y Santa Isabel Cholula.

Una de las latas perforó el cráneo de José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, de 13 años, quien  murió a los diez días. Otros cinco pobladores también resultaron lesionados de gravedad. La situación derivó en la recomendación 2VG/2014, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Pese a que el 22 de julio de ese año el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien formuló la iniciativa de Ley Bala, pidió que se derogara, el Congreso del estado la mantuvo vigente.

Además de la represión en Chalchihuapan, el informe menciona otros dos actos de criminalización de la protesta social: la detención de opositores al Parque Intermunicipal en Cholula, el 6 de octubre del año pasado, y la detención arbitraria de estudiantes, durante la visita de Enrique Peña Nieto, el 19 de enero de 2015.

Otros actos represivos importantes mencionados son la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”, en Guerrero, y los ataques a la prensa en manifestaciones del Distrito Federal.

Limitan expresión

Otra de las iniciativas que se mencionan en el reporte es la Ley Antigrafiti, que se avaló en el Congreso el 11 de marzo de 2015 y consiste en la reforma al Código Penal y la legislación procesal para aumentar las penas al delito de “pandillerismo” y “daño en propiedad ajena”, incluyendo bajo este último a las pintas callejeras conocidas como grafiti, con castigos de tres a seis años de cárcel, y de seis a 12 años ,tratándose de bienes públicos.

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social consideró que los términos para justificar la normativa son “vagos”, además de que no se presentan elementos objetivos que la justifiquen penalmente.

La iniciativa se presentó poco después de que jóvenes que protestaron por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, hicieran pintas en los anuncios espectaculares del cuarto informe de la labores de Moreno Valle Rosas, donde lo tacharon de “asesino”.

Piden iniciativas

Ante las leyes e iniciativas que coartan la libertad de expresión, así como la poca intervención del Poder Judicial, las organizaciones que conforman el Frente por la Protesta Social solicitaron que los diferentes niveles de gobierno impulsen iniciativas que garanticen y protejan el ejercicio del derecho a la protesta frente a los actos de las autoridades.

Asimismo que las autoridades judiciales, en estricto apego a su obligación de realizar control de convencionalidad ex oficio, deben desechar imputaciones penales o administrativas relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Finalmente, que los gobiernos, tanto federal y estatales, no emitan medidas administrativas relacionadas con el espacio público que no estén apegadas a los criterios internacionales de derechos humanos sobre la materia.

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social está conformado por: Article 19, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), AC; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios Causa; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Propuesta Cívica, AC; Servicios y Asesoría para la Paz, AC; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y Todos los Derechos para Todas y Todos, y ciudadanos en particular como Erik E. Gutiérrez Muñoz y Simón Hernández León.

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